MANIFIESTO A LA NACIÓN
Los pueblos, en su esfuerzo constante por que
triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados
momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos
momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados
a sufrir, desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal
manera, que ha llegado a hacerse intolerable.
En cambio de esa tiranía se nos ofrece
la paz, pero es una paz vergonzosa para el Pueblo Mexicano, porque no tiene
por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento
y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que,
abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en
fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos
todas las concesiones y contratos lucrativos.
Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están
completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los Poderes,
la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y
los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta
Magna; pero de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente
la Ley Marcial; la justicia en vez de impartir su protección al
débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete
el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia,
son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras
de la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores
de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e
imponen de igual manera las autoridades municipales.
De esto resulta que todo el engranaje administrativo,
judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del General
Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado
que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder
a toda costa.
Hace muchos años se siente en toda la República
profundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno, pero el General
Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar
todos los elementos independientes, de manera que no era posible organizar
ninguna clase de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía.
El mal se agravaba constantemente, y el decidido
empeño del General Díaz de imponer a la Nación un
sucesor y siendo este el Sr. Ramón Corral, llevó ese mal
a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de
reconocida personalidad política puesto que había sido imposible
labrársela durante 36 años de dictadura, nos lanzásemos
a la lucha intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus
derechos en el terreno netamente democrático.
Entre otros partidos que tendían al mismo
fin, se organizó el Partido Nacional Antireeleccionista proclamando
los principios de SUFRAGIO EFECTIVO y NO REELECCION, como únicos
capaces de salvar a la República del inminente peligro con que la
amenaza la prolongación de una dictadura cada día más
onerosa, más déspota y más inmoral.
El Pueblo Mexicano secundó eficazmente
a ese partido y respondiendo al llamado que se le hizo, mandó sus
representantes a una Convención, en la que también estuvo
representado el Partido Nacionalista Democrático, que así
mismo interpretaba los anhelos populares.
Dicha Convención designó sus candidatos
para la Presidencia y Vice-Presidencia de la República, recayendo
esos nombramientos en el Sr. Dr. Francisco Vázzquez Gómez
y en mí, para los cargos respectivos de Vice-Presidente y Presidente
de la República.
Aunque nuestra situación era sumamente
desventajosa porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento
oficial, en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de
nuestro deber, para mejor servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa
designación.
Imitando las sabias costumbres de los países
republicanos, recorrí parte de la República haciendo un llamamiento
a mis compatriotas.
Mis jiras fueron verdaderas marchas triunfales,
pues por doquiera el pueblo, electrizado con las palabras mágicas
de Sufragio Efectivo y No Reelección, daba pruebas evidentes de
su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores
principios.
Al fin, llegó un momento en que el General
Díaz se dió cuenta de la verdadera situación de la
República y comprendió que no podría luchar ventajosamente
conmigo en el campo de la Democracia y me mandó reducir a prisión
antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo
de los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de ciudadanos
independientes y cometiéndose los fraudes más desvergonzados.
En México, como República democrática,
el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la
voluntad nacional y ésta no puede ser supeditada a fórmulas
llevadas a cabo de un modo fraudulento.
Por este motivo, el Pueblo Mexicano ha protestado
contra la ilegalidad de las últimas elecciones, y queriendo emplear
sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República,
en la debida forma pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara
de Diputados, a pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen
legítimo y de que sabía de antemano que no siendo sus miembros
representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del
General Díaz a quien exclusivamente deben su investidura.
En tal estado las cosas, el Pueblo, que es el
único soberano, también protestó de un modo enérgico
contra las elecciones, en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en
diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron
en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión
ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación
democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México
y otras partes.
Pero esta situación violenta e ilegal no
puede subsistir más.
Yo he comprendido muy bien que si el Pueblo me
ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido
oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista o del gobernante,
sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso,
con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa
tiranía que lo oprime.
Desde que me lancé a la lucha democrática
sabía muy bien que el General Díaz no acataría la
voluntad de la Nación, y el noble Pueblo Mexicano, al seguirme a
los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que
le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dió para la causa de
la Libertad un numeroso contingente de mártires cuando estos eran
necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las casillas
a recibir toda clase de vejaciones.
Pero tal conducta era indispensable para demostrar
al mundo entero que el Pueblo Mexicano está apto para la democracia,
que está sediento de libertad y que sus actuales gobernantes no
responden a sus aspiraciones.
Además la actitud del pueblo antes y durante
las elecciones, así como después de ellas, demuestra claramente
que rechaza con energía al gobierno del General Díaz y que
si se hubieran respetado sus derechos electorales, hubiese sido yo el electo
para Presidente de la República.
En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad
nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones y quedando por tal motivo
la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente
la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa, conforme
a la ley, sus gobernantes.
Para lograr este objeto es preciso arrojar del
poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad
ostentan un fraude escandaloso e inmoral.
Con toda honradez declaro que consideraría
una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mí
ha depositado su confianza, no ponerme al frente de mis conciudadanos,
quienes ansiosamente me llaman, de todas parts del país, para obligar
al General Díaz, por medio de las armas, a que respete la voluntad
nacional.
El Gobierno actual, aunque tiene por origen la
violencia y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el Pueblo,
puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad
hasta el 30 del mes entrante en que expiran poderes; pero como es necesario
que el nuevo gobierno dimanado del último fraude, no pueda recibirse
ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación
protestando con las armas en la mano, contra esa usurpación, he
designado el DOMINGO 20 del entrante Noviembre, para que de las seis de
la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten
en armas bajo el siguiente
PLAN:
1o.- Se declaran nulas las elecciones para Presidente
y Vice-Presidente de la República, Magistrados a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en
Junio y Julio del corriente año.
2o.- Se desconoce al actual gobierno del General
Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar
del voto popular, porque además de no haber sido electas por el
pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de
legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a
su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral
más escandaloso que registra la historia de México.
3o.- Para evitar hasta donde sea posible los trastornos
inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva
de reformar oportunamente por los medios constitucionales, aquellas que
requieran reforma, todas las leyes promulgadas por la actual administración
y sus reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente
se hallen en pugna con los principios proclamados en este plan.
Igualmente se exceptúan las leyes, fallos
de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos de
fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista
en todos sus ramos: pues tan pronto como la revolución triunfe se
iniciará la formación de comisiones de investigación
para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido incurrir
los funcionarios de la Federación, de los Estados, y de los Municipios.
En todo caso serán respetados los compromisos
contraídos por la administración porfirista con gobiernos
y corporaciones extranjeros antes del 20 del entrante.
Abusando de la ley de terrenos baldíos,
numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas,
han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de la Secretaría
de Fomento, o por fallos de los tribunales de la república.
Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos
poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario,
se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se
exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus
herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes
pagarán también una indemnización por los perjuicios
sufridos.
Sólo en el caso de que esos terrenos hayan
pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan,
los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos
en cuyo beneficio se verificó el despojo.
4o.- Además de la Constitución y
Leyes vigentes, se declara ley suprema de la República el principio
de No-Reelección del Presidente y Vice-Presidente de la República,
Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales, mientras se hagan
las reformas constitucionales respectivas.
5o.- Asumo el carácter de Presidente Provisional
de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades necesarias para hacer
la guerra al Gobierno usurpador del General Díaz. Tan pronto como
la capital de la República y más de la mitad de los Estados
de la Federación estén en poder de las fuerzas del Pueblo,
el Presidente Provisional convocará a elecciones generales extraordinarias
para un mes después y entregará el poder al Presidente que
resulte electo, tan pronto como sea conocido el resultado de la elección.
6o.- El Presidente Provisional antes de entregar
el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que
haya hecho de las facultades que le confiere el presente plan.
7o.- El día 20 del mes de Noviembre, de
las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República
tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente
la gobiernan.
(Los pueblos que estén retirados de las
vías de comunicación lo harán desde la víspera).
8o.- Cuando las autoridades presenten resistencia
armada, se obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad
popular; pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente
observadas, llamándose especialmente la atención sobre las
prohibiciones relativas a no usar balas expansivas, ni fusilar a los prisioneros.
También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano
de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.
9o.- Las autoridades que opongan resistencia a
la realización de este plan, serán reducidos a prisión
para que se les juzgue por los tribunales de la República cuando
la revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo
recobre su libertad, se reconocerá como autoridad legítima
provisional, al principal Jefe de las armas, con facultad para delegar
sus funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será
confirmado en su cargo o removido por el Gobernador Provisional.
Una de las primeras medidas del gobierno provisional
será poner en libertad a todos los presos políticos.
10o.- El nombramiento de Gobernador Provisional
de cada Estado que haya sido ocupado por las fuerzas de la revolución,
será hecho por el Presidente Provisional. Este Gobernador tendrá
estricta obligación de convocar a elecciones para Gobernador Constitucional
del Estado tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente Provisional.
Se exceptúan de esta regla los Estados
que de dos años a esta parte han sostenido campañas democráticas
para cambiar de gobierno, pues en éstos se considerará como
Gobernador Provisional al que fue candidato de el pueblo, siempre que se
adhiera activamente a este plan.
En caso de que el Presidente Provisional no haya
hecho el nombramiento de Gobernador, que este nombramiento no hubiera llegado
a su destino o bien que el agraciado no aceptare por cualquier circunstancia,
entonces el Gobernador será designado por votación entre
todos los Jefes de las Armas que operen en el territorio del Estado respectivo,
a reserva de que su nombramiento sea ratificado por el Presidente Provisional
tan pronto como sea posible.
11o.- Las nuevas autoridades dispondrán
de todos los fondos que se encuentren en las oficinas públicas,
para los gastos ordinarios de la administración y para los gastos
de la guerra, llevando las cuentas con toda escrupulosidad. En caso de
que esos fondos no sean suficientes para los gastos de la guerra, contratarán
empréstitos, ya sean voluntarios o forzosos. Estos últimos
sólo con ciudadanos o instituciones nacionales.
De estos empréstitos se llevará
también cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida
forma a los interesados, a fin de que al triunfar la revolución
se les restituya lo prestado.
Transitorio. A.- Los jefes de fuerzas voluntarias
tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas a su
mando. En caso de operar fuerzas militares y voluntarias unidas, tendrá
el mando de ellas el jefe de mayor graduación, pero en caso de que
ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar.
Los jefes civiles disfrutarán de dicho
grado mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos nombramientos,
a solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría
de Guerra que los ratificará en su grado o los rechazará,
según sus méritos.
B.- Todos los jefes, tanto civiles como militares,
harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina; pues
ellos serán responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes
que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido
posible contener a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo
merecido.
Las penas más severas serán aplicadas
a los soldados que saqueen alguna población o que maten a prisioneros
indefensos.
C.- Si las fuerzas y las autoridades que sostienen
al General Díaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso
y como represalia se hará lo mismo con los de ellos que caigan en
poder nuestro; pero en cambio, serán fusiladas dentro de las veinticuatro
horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles o
militares al servicio del General Díaz, que una vez estallada la
revolución hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido
la orden o fusilado a alguno de nuestros soldados.
De esta pena no se eximirán ni los más
altos funcionarios; la única excepción será el General
Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dichos fusilamientos
o permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después
de haberlos juzgado por los tribunales de la República, cuando haya
terminado la revolución.
En el caso de que el General Díaz disponga
que sean respetadas las leyes de la guerra, y que se trate con humanidad
a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salva,
pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de cómo
ha manejado los caudales de la Nación y de cómo ha cumplido
con la Ley.
D.- Como es requisito indispensable en las leyes
de la guerra que las tropas beligerantes lleven algún uniforme o
distintivo y como sería difícil uniformar a las numerosas
fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará
como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias
o militares, un listón tricolor, en el tocado, o en el brazo.
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Conciudadanos: Si os convoco para que toméis
las armas y derroquéis al gobierno del General Díaz, no es
solamente por el atentado que cometió durante las útlimas
elecciones, sino por salvar a la patria del porvenir sombrío que
la espera continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefanda
oligarquía científica, que sin escrúpulos y a gran
prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y
si permitimos que continúen en el poder, en un plazo muy breve habrán
completado su obra: habrán llevado al pueblo a la ignominia y lo
habrán envilecido; le habrán chupado todas sus riquezas y
dejándolo en la más absoluta miseria; habrán causado
la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria, que
débil, empobrecida y maniatada, se encontrará inerme para
defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.
Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia
tranquila y nadie podrá acusarme de promover la revolución
por miras personales, pues está en la conciencia nacional que hice
todo lo posible por llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto
hasta renunciar mi candidatura siempre que el General Díaz hubiese
permitido a la Nación designar aunque fuese al Vice-Presidente de
la República; pero dominado por incomprensible orgullo y por inaudita
soberbia, desoyó la voz de la Patria y prefirió precipitarla
en una revolución antes de ceder un ápice, antes de devolver
al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir aunque fuese
en las postrimerías de su vida, parte de las promesas que hizo en
la Noria y Tuxtepec.
El mismo justificó la presente revolución
cuando dijo: "Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe
en el ejercicio del poder y esta será la última revolución".
Si en el ánimo del General Díaz
hubiesen pesado más los intereses de la Patria que los sórdidos
intereses de él y de sus consejeros hubiera evitado esta revolución
haciendo algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo... ¡tanto
mejor! el camino será más rápido y más radical,
pues el pueblo mexicano en vez de lamentarse como un cobarde, aun cobarde,
aceptará como un valiente el reto, y ya que el General Díaz
pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso,
el pueblo recurrirá a la misma fuerza para sacudir ese yugo, para
arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad.
Conciudadanos: No vaciléis pues un momento:
tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros
derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron
una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron:
invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
San Luis Potosí, Octubre 5
de 1910.
FRANCISCO I. MADERO
Nota.- El presente plan sólo circulará
entre los correligionarios de más confianza hasta el 15 de Noviembre,
desde cuya fecha se podrá reimprimir; se divulgará prudentemente
desde el 18 y profusamente desde el 20 en adelante.
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